Este miércoles, la Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/500,749 en la Universidad Nacional del Callao (UNAC) generado por personal docente (4) y trabajadores administrativos (3) que estando debidamente notificados de haber sido inhabilitados administrativa y judicialmente para ejercer la función pública en entidades del Estado, continuaron laborando en la mencionada casa de estudios entre agosto de 2016 hasta mayo de este año.
Mediante un comunicado, la institución señaló que estas personas “continuaron cobrando irregularmente, sin que haya sido advertido por los funcionarios de la citada universidad”.
La entidad del Estado recordó que de acuerdo a la normativa vigente, toda sanción administrativa y/o judicial entra en vigencia automáticamente al día siguiente de ser notificada, por lo que el funcionario o servidor público sancionado no puede ingresar, continuar laborando ni reingresar a laborar durante el periodo de sanción, sin importar el régimen laboral o modalidad de contratación en el que se haya encontrado o postule a trabajar.
Este caso irregular está descrito en el Informe de Control Específico 010-2021-2-0211-SCE (Periodo de evaluación del 1 de agosto de 2016 al 31 de mayo de 2021) donde se señala que los servidores públicos fueron notificados previamente sobre las sanciones impuestas, por lo que tenían pleno conocimiento de su condición de inhabilitación como resultado de un proceso administrativo sancionador o un proceso judicial, pero no informaron a la Universidad y siguieron ejerciendo sus funciones, manteniendo el vínculo laboral.
El informe también reveló el incumplimiento de funciones y control de la UNAC en los años mencionados, como por ejemplo de la Oficina de Recursos Humanos, cuyos funcionarios no solicitaron el acceso a la plataforma virtual del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Públicos de Servir (RNSSC) ni verificó mensualmente dicho registro para conocer al personal inhabilitado. Del mismo modo de la Dirección General de Administración que no supervisó a la Oficina de Recursos Humanos para de esta manera evitar mantener vínculos laborales contrarios a la Ley.
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