El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante el Ministerio Público al presidente de la República, Pedro Castillo, para que sea investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
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La acusación se basa en las reuniones que sostuvo Karelim López, empresaria investigada por irregularidades en la licitación a favor de una empresa que representó en Provías Nacional, y el jefe de Estado para que presuntamente este último intercediera a favor del consorcio Puente Tarata III.
“En el escrito, el procurador general del Estado señala una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente de la República también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias”, señaló la Procuraduría General mediante un comunicado publicado.
Las reuniones que han sido consideradas en la denuncia incluyen citas en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña, sobre las cuales el procurador Daniel Soria detalla que en dos oportunidades recibieron una respuesta de parte del Despacho Presidencial indicando que “no tenían registro de las reuniones” que se llevaron a cabo ahí.
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Finalmente, Soria Luján pide a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que una vez que abra una investigación no sea suspendida por la investidura de Pedro Castillo, ya que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe una investigación sino una acusación contra un jefe de Estado.
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