El pasado miércoles 22 de diciembre, 41 venezolanos (entre ellos 10 mujeres y 31 hombres) iban a ser enviados en un vuelo (desde el grupo aéreo N°8 de la Fuerza Área del Perú, en el Callao) a Venezuela luego que los agentes de la Dirincri y la Policía de Extranjería los detuviera durante una operación.
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Sin embargo, el vuelo se suspendió debido a que, como informaron las autoridades, Venezuela no había otorgado el permiso para el ingreso del avión a su territorio ni para su aterrizaje para dejar a los intervenidos en su país de origen.
Cabe mencionar que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, precisó que la Cancillería se encargó de hacer el pedido formal para el vuelo, el cual fue otorgado por los países de Ecuador y Colombia. Asimismo, indicó que esta operación respondió al “clamor de la opinión pública”.
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“[¿Qué se buscó con esta operación?] Es un proceso que ha tenido lugar debido a que hay un clamor de la opinión pública a que hay determinados ciudadanos venezolanos que han estado cometiendo delitos. Hay ese clamor”, comentó en diálogo con RPP.
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