Por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la administración de justicia, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica, se ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así lo señaló el fiscal José Domingo Pérez.
El fiscal declaró que se ha solicitado, además, impedimento de salida del país y otras restricciones "que evitarán que se pueda obstruir o enturbiar el desarrollo de las siguientes etapas que corresponden al proceso penal".
Consultado sobre la posibilidad de solicitar prisión preventiva para los acusados, dijo que en su despacho "son respetuosos" de las decisiones que previamente adoptó el Poder Judicial ante estos pedidos.
"Se han solicitado restricciones, prohibiciones de que se comuniquen con distintas personas (congresistas, magistrados, funcionarios de los órganos electorales, directivos de medios de comunicación y otros) que consideramos, sin necesidad de instar la prisión preventiva, se pueda cautelar el normal desarrollo del proceso contra la organización que lidera la acusada Keiko Fujimori", agregó.
Al ser consultado por una "intromisión" a la contienda electoral advertida por la propia Keiko Fujimori en sus redes sociales, el fiscal reiteró que se ha solicitado al Poder Judicial que se prohíba a Keiko Fujimori la posibilidad de que emita "estos comunicados que lo que origina es que se dificulte el normal desarrollo de los procesos porque se incita a que haya luego agresiones y aspectos que no permiten a las autoridades desenvolverse normalmente".
"Hemos solicitado la prohibición de que se obstruya el proceso a través de estos manifiestos que realiza la acusada Keiko Fujimori y que lo que develan es un desprecio a los funcionarios que cumplen su función de perseguir el crimen y acusar. Soy fiscal que persigue el crimen y mi obligación es acusar cuando hay la comisión de un delito. No puede ella manifestar, a través de redes sociales, esos agravios e incitar cualquier agresión en mi agravio o de quienes forman el equipo especial de fiscales", añadió.
Por otro lado, el fiscal recordó que la fase de investigación preparatoria, que se inició el 19 de octubre del 2018, hasta la fecha, demandó 2 años y 4 meses de plazo. Esto significa, agregó, que la Fiscalía tomó menos de los 3 años del plazo que tenía debido a que contaban con "pruebas de cargo para solicitar fundadamente que se pase este caso a juicio oral". Al estar concluida la investigación, con las pruebas de cargo, Pérez señaló que era "obligación de la Fiscalía" presentar la acusación "para que los acusados puedan defenderse".
Tras detallar que esta acusación consta de más de 13 mil folios, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato insistió en que se trata de un caso "sólido". "Estamos ante una organización criminal que precisamente ha realizado modalidades criminales y hemos presentado estos cargos para que sea el Poder Judicial quien los evalúe con las garantías que merecen los acusados", anotó.
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En otro momento, el fiscal explicó que la investigación reveló el aporte de una persona con antecedentes por el delito de narcotráfico a la cual también se le incluyó en este caso como "actividad criminal previa". Pérez evitó dar detalles sobre los acuerdos de colaboración eficaz; no obstante, señaló que serán dados a conocer "llegado la oportunidad legal".
"Estamos evaluando, si es que se dan las condiciones en las cuales se busca generar algún tipo de amenaza o ventaja indebida hacia los testigos, tenemos que recurrir a los mecanismos que señala la ley procesal, como la prueba anticipada. Hoy he solicitado el encausamiento formal con la interposición de la acusación y ya la competencia es del Poder Judicial", comentó.