Tras darse a conocer una nueva denuncia sobre una congresista que recortaba el sueldo a su trabajador, concretamente sobre María Cordero Jon Tay, ya suman 5 las parlamentarias que estarían incurriendo en el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
Ante esto, el abogado Benji Espinoza, precisó que de encontrarse culpable a las congresistas, la pena que correspondería sería de como mínimo 4 y como máximo 8 años de prisión efectiva.
“En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos. Primero, las congresistas son funcionarias públicas. Segundo, habría abuso de poder porque se aprovechan de su condición congresal para que a través de un intermediario se les exijan pagar una parte del sueldo que les corresponde como trabajadores (...). Tercero, el beneficio es normalmente para ellas o un tercero. Entonces se cumplen todos los elementos”, explicó Espinoza.
“Es por eso que ante la revelación de estos hechos, si se les abriera una investigación fiscal y si el Poder Judicial las encontrara culpables de estos delitos, recibirían una pena mínima de 4 años y máximo 8 de prisión efectiva”, acotó el letrado.
Cabe mencionar que hasta el momento las congresistas acusadas de este delito son Magaly Ruiz (APP), Heydi Juárez (Podemos), Rosío Torres (APP), Katy Ugarte (no agrupada) y María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular).