En un plazo no menor a 90 días, la situación jurídica de las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete y del expresidente Martín Vizcarra, podrían resolverse por el caso de los funcionarios públicos vacunados irregularmente, así lo informó el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas.
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El vocero explicó que cuando se trata de altos funcionarios, la investigación preliminar es competencia de la Fiscalía de la Nación, tras lo cual, si se determina que hay indicios razonables de la comisión de un delito, se presenta una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
"Si se hace la denuncia constitucional y el Congreso se pone a trabajar, como estos hechos son muy graves y están plenamente admitidos, habrá procesamiento de todas maneras. En el ámbito de la administración de justicia, podría estar en un plazo no mayor de 90 días, resolviéndose la situación jurídica de los procesados y llegándose al momento de determinar si se condena o se absuelve", señaló Cubas.
Víctor Cubas indicó que, si bien la investigación preliminar puede durar hasta 60 días, las diligencias podrían concluir antes del tiempo previsto y formular la denuncia constitucional, pero dependerá también del propio Congreso de la República que se agilice el caso.
De recibir el visto bueno del Parlamento, seguidamente, el expediente regresará al despacho de la Fiscalía de la Nación, que formalizará la continuación de la investigación preparatoria.
Mientras tanto el Poder Judicial deberá coordinar con la Fiscalía de la Nación la designación del juez de investigación preparatoria.
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