¡Terror minero en Pataz! Criminales exigen millones por rehenes y el Estado guarda silencio

El grupo armado irrumpió en una bocamina de Pueblo Nuevo el sábado 26 de abril y exige S/4 millones para liberar a los retenidos.

Según audios difundidos por los propios compañeros de los secuestrados, los delincuentes están fuertemente armados y mantienen a los trabajadores bajo amenaza dentro de un socavón. La desesperación entre las familias crece mientras las autoridades aún no emiten ningún pronunciamiento oficial, pese a la gravedad del caso.

La empresa minera R&R, que opera legalmente para la compañía Poderosa, ha solicitado con urgencia la intervención del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el momento no hay acciones concretas visibles. La zona continúa dominada por la minería ilegal y bandas criminales que operan con total libertad.

Este nuevo secuestro no es un hecho aislado. A finales de marzo, otro ataque dejó cinco muertos tras la destrucción de una torre de alta tensión y una emboscada a trabajadores mineros. Pese a que Pataz está en estado de emergencia desde hace más de un año, los ataques no cesan y la seguridad en la región es prácticamente inexistente.

Testimonios revelan que los responsables son parte de una red que controla ilegalmente varias minas en la región. La inacción del Estado genera indignación, mientras los trabajadores mineros arriesgan sus vidas en un territorio donde el crimen organizado parece tener más poder que las instituciones.

Los peruanos exigen respuestas. ¿Dónde está el gobierno? ¿Quién protege a los trabajadores? La violencia en Pataz está fuera de control y el silencio de las autoridades solo alimenta el terror. La vida de trece personas está en juego, y el país no puede seguir mirando hacia otro lado.