Suiza cierra el cerco a Maduro

El Consejo Federal ordenó el congelamiento inmediato de todos los activos del exmandatario venezolano en su territorio para evitar la fuga de bienes ilícitos.


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redaccion Limay

LIMAY.PE

Lima, 05 de January de 2026

Actualizado el 05/01/2026 02:43:58 am

El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes la congelación inmediata de todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a su entorno posean en el país, como parte de una medida destinada a prevenir la fuga de capitales y bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita.

 

Mediante un comunicado oficial, las autoridades suizas precisaron que la decisión entra en vigor con efecto inmediato y tendrá una duración inicial de cuatro años. El objetivo central es impedir que fondos o propiedades relacionados con Maduro sean transferidos fuera del sistema financiero suizo mientras avanzan las investigaciones internacionales.

 

El gobierno suizo aclaró que la medida no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano, subrayando que las sanciones están dirigidas exclusivamente contra Maduro y otras personas asociadas a su administración pasada. De esta manera, Berna busca diferenciar las acciones judiciales de eventuales repercusiones diplomáticas.

 

La congelación de activos se suma a las sanciones que Suiza mantiene vigentes desde 2018 contra el entorno del chavismo, en el marco de su política de alineamiento con las medidas adoptadas por la Unión Europea frente a violaciones de derechos humanos y corrupción en Venezuela.

 

Según el comunicado, la decisión responde a la necesidad de evitar que “bienes adquiridos ilícitamente” salgan del país antes de que se determine su origen y destino final. Las autoridades financieras suizas destacan que el congelamiento es una herramienta preventiva y no implica, por sí sola, una condena judicial.

 

Este nuevo paso refuerza el aislamiento internacional de Nicolás Maduro y aumenta la presión sobre su patrimonio en el exterior, en un contexto marcado por procesos judiciales, sanciones económicas y un creciente escrutinio global sobre el destino de los fondos vinculados al antiguo régimen venezolano.

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