Comunidades indígenas no quieren estar en la misma base de datos que los ronderos

A través de un comunicado, pidieron que el Ministerio de Cultura elabore salvaguardas y protocolos para proteger y poner límites a las rondas campesinas con el fin de evitar invasiones de territorios


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REDACCIÓN LIMAY

LIMAY.PE

Lima, 27 de July de 2022

Actualizado el 27/07/2022 01:20:31 am

Las organizaciones indígenas que conforman Aidesep-Orau, Arpi-SC, Orpian-P, Orpio, Fenamad, Corpiaa, Comaru, Codepisam y Corpi-SL, rechazaron la incorporación de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P) a la Base de datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura (Mincul)

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A través de un comunicado, denunciaron que desde hace años los territorios indígenas amazónicos son invadidos por “colonos que promueven el tráfico ilegal de tierras, protegen a las mafias de narcotraficantes, entre otros. “Entre estos invasores, las organizaciones identificaron que muchos “pertenecen a grupos organizados como rondas campesinas”.

En esa línea, indicaron que el pasado 8 de julio un grupo de ronderos invadió el territorio de la Comunidad Nativa Huascayacu (San Martín). Por lo que, manifestaron que ese tipo de situaciones se agravará con la inclusión de las rondas campesinas en la BDPI.

“Esto terminará por legitimar el ilegal actuar de las rondas campesinas y otros invasores en territorios amazónicos, y se superpondrá a nuestros sistemas de justicia indígena, lo que venimos denunciando sin una respuesta estatal”, se lee.

Por ello, cuestionaron la decisión del ministro de Cultura y la viceministra de Interculturalidad de no tener una posición clara de defensa de los pueblos indígenas amazónicos. “Los instamos a adoptar correctivos sustanciales, conociendo que existen grupos armados que actualmente presionan sus territorios y mantienen amenazados a sus dirigentes”.

Asimismo, piden que se elabore salvaguardas y protocolos para proteger y poner límites a la Cunarc-P a fin de evitar la superposición e invasiones de territorios.

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Por otro lado, exigen la derogatoria de la Ley N°31494, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Además, exhortan al Congreso de la República a no aprobar leyes que de manera abierta o encubierta puedan incentivar la violencia o la formación de grupos armados supuestamente legales.