REDACCIÓN LIMAY
LIMAY.PE
Lima, 02 de May de 2022
Actualizado el 02/05/2022 12:52:22 pm
Javier Ochoa Núñez, dirigente de la comunidad campesina de Huancuire, en la región Apurímac, demandó dejar sin efecto el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui de esta región, vigente desde el 27 de abril, como condición para participar en la mesa de diálogo con representantes del Gobierno y de la mina Las Bambas.
Niños rocían con alcohol a su compañero y sufre quemaduras graves
“La comunidad de Huancuire está esperando que se pronuncien las autoridades para que puedan llegar a un diálogo. La idea es que acá, nuestra posición, que gane la empresa, el Estado y la comunidad. Eso es lo que buscamos y para el día 7 de mayo se está viendo una reunión donde nosotros vamos a participar, pero no podemos participar sin que se levante el estado de emergencia, ya hemos enviado un documento (pidiendo ello)”, señaló Ochoa en “Exitosa”.
Según mencionó, en el 2013 firmaron 97 compromisos sobre educación, salud, y otros, con la empresa, pero -según dijo- hasta la fecha no se ha cumplido ninguno al 100%.
Pese al incumplimiento de la minera que señalan, Ochoa dijo que continúan apostando por las mesas de diálogo entre el Poder Ejecutivo, la empresa y la comunidad, “para que se pueda dar el cumplimiento de ese compromiso”.
“La comunidad de Huancuire nunca ha estado contra la minería, no somos antimineros, al contrario, hemos cedido en nuestro territorio para que puedan sacar el cobre. Nosotros queremos que nos respete el Estado peruano, la minera, y estamos abiertos a mesas de diálogo, pero la comunidad de Huancuire no se va a sentar ni asistirá a esas reuniones mientras siga el estado de emergencia”, aseveró.
Ochoa también pidió al Estado no criminalizar a la protesta ni a sus dirigentes. “No puedo sentarme con la empresa o con el Estado mientras me pongan una pistola en la cabeza. Ese es el pedido de la comunidad que hemos acordado en la asamblea”, contó.
Arequipa: más de 135 mil escolares han logrado ser vacunados contra la COVID-19
Según señaló, varios comuneros que participaron en protestas anteriores han sido llevados a juicio sin pruebas. “Algunos de mi comunidad, cuatro personas, han sido sentenciadas, entre ellos, una persona con bebé. De la nada nos denuncian, nos criminalizan y eso es lo que nosotros queremos”, afirmó.
