REDACCIÓN LIMAY
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Lima, 08 de February de 2022
Actualizado el 08/02/2022 11:01:21 am
No pasa nada. Luego de que la empresa Q-Medical S.A.C, investigada por la fiscalía por presuntamente haber pactado con privados para direccionar compras aprovechando el estado de emergencia por la COVID-19, por casi 28 millones de soles, a cambio de supuestos beneficios personales, continuó contratando con el Estado hasta diciembre del 2021. Así lo evidenció el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
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Es así que, en el expediente del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, que se difundió en julio del año pasado, se mencionan los nombres de las empresas en cuestión. Entre ellas está Q-Medical S.A.C., con la cual, según la investigación fiscal, se cotizó precios con el fin de que otra proveedora, llamada Vía Ayaychan S.A.C., sea considerada más barata y finalmente aceptada.
El caso está aún en investigación. Sin embargo, a pesar de esto, Q-Medical S.A.C. ha continuado contratando con el Estado hasta diciembre de 2021. Incluso después de que se iniciara la investigación, en agosto del 2021, la empresa siguió contratando con el estado, según verificamos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
"Ninguna de estas empresas [incluidas en la investigación] está impedida de contratar con el Estado. Lo que sorprende es que ni siquiera por un poco de decoro, pudor o cautela, los funcionarios del Estado han ejercido abstención de contratarla pese a que está comprometida en una investigación", sostiene Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción
En el Buscador de Proveedores del Estado, además, se puede identificar que Q-Medical S.A.C. recibió dos penalidades de más de 4 mil y 7 mil soles por incumplir con el plazo de entrega de los bienes contratados. Una de estas penalidades fue impuesta en setiembre de 2021, dos meses después de estallar el polémico caso en EsSalud.
"Esto nos debería llevar, más allá del razonamiento ético que deberían hacer los funcionarios, a pensar en si es necesario tener una norma legal expresa que permita suspender, en el caso de empresas que estén comprometidas en investigaciones por corrupción, el poder contratar con el Estado. Con una suspensión transitoria que pueda durar hasta que la investigación sea esclarecida", agrega Eduardo Herrera.
¿Qué medidas se podrían considerar legalmente en este caso? En el marco de un proceso penal, con una medida cautelar y de manera muy excepcional, podrían dictarse medidas para restringir la contratación con el Estado de una empresa investigada. "Eventualmente, y en supuestos bastante restringidos, también es posible aplicar consecuencias de forma preventiva. En este caso, si existen elementos de convicción suficientes para considerar que en efecto se da una peligrosidad objetiva, sí se podría aplicar una consecuencia. Podría ser la suspensión provisional de la posibilidad de contratar con el Estado", explica el abogado penalista y profesor de la Universidad del Pacífico Daniel Huamán.
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La investigación fiscal establecerá finalmente si hay responsabilidad penal o no en las empresas mencionadas; mientras tanto, ayudaría pensar en mecanismos que, con transparencia, ayuden a esclarecer y de ser necesario actuar de inmediato ante casos sospechosos o controversiales.
