Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 17 de January de 2025
Actualizado el 17/01/2025 04:50:27 am
La inseguridad ciudadana en Lima y otras regiones del país ha alcanzado niveles alarmantes. Casos recientes, como el lanzamiento de granadas en hoteles de Lince, la detonación de explosivos cerca de un centro comercial en San Juan de Miraflores, y los disparos contra una pollería con clientes en Los Olivos, han encendido las alarmas. Estas acciones, además de ser publicadas en redes sociales por los mismos delincuentes para sembrar terror, exponen la aparente incapacidad de las autoridades para frenar la violencia.
Expertos en seguridad coinciden en que la situación desborda las medidas implementadas por el Estado. Según Cluber Aliaga, extitular del Ministerio del Interior, la delincuencia organizada ha demostrado que el Estado no está garantizando un servicio de seguridad pública eficiente. Por su parte, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, calificó de "fracaso rotundo" las estrategias actuales contra el crimen organizado. “No se trata solo de un problema policial, sino de una amenaza directa a la seguridad nacional y al propio Estado”, afirmó.
Ambos especialistas destacan la necesidad de reformas profundas y acciones contundentes. Aliaga subrayó que es imprescindible fortalecer la función investigativa de la Policía Nacional, dotándola de recursos y formación adecuados. Liendo, por su parte, enfatizó la urgencia de implementar reformas estructurales en el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la PNP, además de medidas inmediatas como detenciones masivas, agravamiento de penas y juicios sumarios. Estas acciones, según Liendo, deberían ejecutarse en un periodo de 6 a 9 meses para retomar el control y permitir la implementación de reformas a largo plazo.
La Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación ante el aumento de la criminalidad, destacando la urgencia de replantear las estrategias de seguridad ciudadana. En un comunicado reciente, la institución hizo un llamado al Ejecutivo para asumir un liderazgo efectivo y fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional. La ciudadanía espera que las autoridades actúen con celeridad antes de que se produzcan eventos aún más graves que puedan desestabilizar aún más al país.