Fiscal ausente: Ejecutivo la deja fuera de cita clave con mineros

El defensor del Pueblo cuestionó que el Gobierno no convocara a la fiscal de la Nación a la mesa de diálogo con gremios mineros artesanales, en medio de una crisis que mantiene bloqueadas vías y regiones incomunicadas.


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redaccion Limay

LIMAY.PE

Lima, 14 de July de 2025

Actualizado el 14/07/2025 12:27:56 pm

En plena crisis por los bloqueos de carreteras impulsados por mineros artesanales, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó públicamente al Ejecutivo por no haber convocado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la reciente mesa de trabajo con los gremios del sector. “Era indispensable su presencia”, afirmó Gutiérrez ante los medios, al concluir una inspección en las zonas afectadas del sur del país.

 

La ausencia de la titular del Ministerio Público ha generado inquietudes sobre la coordinación interinstitucional del Estado frente a los conflictos sociales. Según el defensor, la participación del Ministerio Público era clave para abordar los compromisos legales, denuncias pendientes y eventuales procesos contra dirigentes mineros que han promovido el cierre de vías nacionales.

 

“No se trata solo de concertar, también de garantizar el cumplimiento de la ley”, señaló Gutiérrez, al advertir que la solución del conflicto requiere una mirada integral. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha recibido más de 70 quejas por afectaciones al derecho al libre tránsito, salud y acceso a alimentos en regiones como Ica, Arequipa, Cusco y La Libertad.

 

La mesa de trabajo fue promovida por el Ministerio de Energía y Minas, y contó con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Sutran, Produce y los gremios mineros. Sin embargo, diversos actores han advertido que las negociaciones carecen de peso si no incluyen a los órganos de control y fiscalización, como el Ministerio Público.

 

Los gremios de la pequeña minería y la minería artesanal han bloqueado carreteras exigiendo que se archive el Decreto Legislativo 1607, que endurece sanciones contra la minería ilegal. Ante esto, el Gobierno propuso un plazo de 60 días para revaluar la norma, aunque la medida aún no ha conseguido frenar las protestas en varias regiones.

 

Mientras tanto, el defensor del Pueblo reiteró su llamado al Ejecutivo para que convoque de manera urgente a todos los actores institucionales, incluida la Fiscalía, en una nueva sesión de diálogo. “Solo con presencia plena del Estado y respeto al marco legal se podrá recuperar el orden”, concluyó.

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