Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 20 de December de 2024
Actualizado el 20/12/2024 08:40:14 am
La Fiscalía de la Nación expresó su preocupación ante la aprobación en primera votación del proyecto de ley 3577/2022-CR en el Congreso, que plantea modificar la Ley de Extinción de Dominio. Según el organismo, esta iniciativa pone en peligro los avances logrados en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país.
En un comunicado, la Fiscalía calificó como "nefastas" las posibles consecuencias de esta propuesta, señalando que más de 5,592 carpetas fiscales podrían ser archivadas. Este retroceso implicaría devolver bienes ilícitos a organizaciones criminales, fortaleciendo su influencia en mercados ilegales y aumentando su poder económico.
Desde su implementación en 2019, la Ley de Extinción de Dominio ha sido clave para recuperar bienes vinculados a delitos como el narcotráfico, lavado de activos, corrupción, minería ilegal y trata de personas. Según cifras oficiales, hasta octubre de 2024 se han emitido 1,419 sentencias, logrando recuperar más de 551 millones de soles para el Estado.
La principal crítica al proyecto es que condiciona el inicio de investigaciones patrimoniales a la existencia de una sentencia penal firme o consentida. Para la Fiscalía, esto debilitaría el carácter autónomo del proceso de extinción de dominio, limitando su efectividad como herramienta de lucha contra el crimen organizado.
Además, la institución advirtió que regresar a figuras legales como la pérdida de dominio o el comiso penal representaría un retroceso en las políticas criminales del país. Estas medidas, según el Ministerio Público, han demostrado ser ineficaces para recuperar activos provenientes de actividades ilícitas.
“El Estado peruano no puede retroceder en su lucha contra el crimen organizado. Exhortamos a los congresistas de todas las bancadas a reconsiderar esta iniciativa y a cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía y la comunidad internacional”, indicó la Fiscalía en su pronunciamiento.
El proyecto, que modifica el Decreto Legislativo 1373, fue aprobado con 53 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones en el Congreso. La propuesta establece que el proceso de extinción de dominio estará sujeto a una sentencia penal, civil o arbitral firme, lo que ha generado críticas por parte de diversas instituciones.
Finalmente, la Fiscalía instó al Congreso a actuar de manera responsable para proteger los avances logrados en la recuperación de bienes ilícitos y evitar un debilitamiento en la lucha contra el crimen organizado, un desafío crucial para la seguridad y el desarrollo del país.
