Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 31 de December de 2024
Actualizado el 31/12/2024 07:53:52 am
En medio de esta crisis, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha intentado deslindar responsabilidades, atribuyendo la creciente criminalidad a problemas heredados de administraciones anteriores.
Durante un evento en Cañete, donde entregó patrulleros a la policía local, Santiváñez afirmó que su gestión está haciendo frente a una situación que, según él, no es responsabilidad del actual gobierno. "Esta criminalidad viene del 2021", aseguró, enfatizando que su equipo enfrenta desafíos que fueron sembrados en años anteriores.
Las cifras son contundentes. Según el Sistema de Información de Defunciones, hasta el 29 de diciembre se registraron 1.992 homicidios, superando los 1.495 del 2023. La Policía Nacional del Perú (PNP) aporta un dato aún más alarmante, con un total de 2.126 homicidios, donde más de la mitad fueron cometidos por sicarios. Lima, La Libertad y Callao son las regiones más afectadas, acumulando la mayor parte de los crímenes.
El analista de datos Juan Carbajal destaca que el aumento de las muertes violentas refleja un contexto de extorsiones y ataques de sicarios que han permeado la vida cotidiana de los peruanos. En este sentido, el 84? las muertes se registraron por el uso de armas de fuego, lo que resalta la peligrosidad de las armas en el ámbito del crimen organizado.
Santiváñez, pese a las estadísticas alarmantes, negó que el país cerraría el año con un incremento del 30% en homicidios. Sin embargo, los informes de la PNP y otras fuentes oficiales contradicen sus afirmaciones, mostrando que la violencia ha alcanzado niveles críticos. La creciente inseguridad ha generado un clima de miedo entre la población, que clama por soluciones efectivas.
Carlos Basombrío, exministro del Interior, critica la falta de acción del gobierno actual en la lucha contra el crimen organizado. Según Basombrío, se necesita un enfoque más robusto en inteligencia y en la investigación de las organizaciones criminales para abordar la raíz del problema. Sin un plan claro y efectivo, las cifras de criminalidad seguirán en aumento.
Asimismo, las denuncias por extorsión han crecido de manera alarmante. En el 2022, se registraron más de 16,000 denuncias, mientras que en 2023 la cifra ascendió a cerca de 22,000. Este año, hasta noviembre, las denuncias estaban bordeando las 20,000, lo que indica una tendencia creciente en la victimización de la población.
Con la llegada del 2025, el desafío del gobierno no solo será enfrentar la violencia y el crimen organizado, sino también recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más preocupada por su seguridad. La gestión de Santiváñez será puesta a prueba en un contexto donde las expectativas son altas y los resultados aún no se ven a la vista.
