Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 02 de October de 2021
Actualizado el 02/10/2021 02:23:02 am
Futuro complicado el que se le podria venir al excongresista Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. Y es que el Ministerio Público, comunicó al Poder Judicial que dio por concluida la investigación preliminar por la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado durante las protestas sociales en contra del gobierno de facto tras la vacancia de Martín Vizcarra en noviembre del 2020.
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En una audiencia pública realizada por el juez supremo de investigación preparatoria, el fiscal supremo adjunto Ramiro González Rodríguez, anunció que en los siguientes días decidirán si archivan el caso o presentan una denuncia ante el Congreso de la República.
Este anuncio se hizo, a manera de respuesta a una solicitud de la defensa de Flores Aráoz, a cargo del abogado Álvaro Gonzáles, para que se ordene a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que dé por concluida la investigación y se emita una resolución final.
De acuerdo con el abogado, la investigación debía durar ocho meses, desde su inicio el 15 de noviembre del 2020, pero transcurridos más de 47 días de la fecha límite, el proceso sigue abierto.
El fiscal supremo adjunto respondió que no existe una norma que establezca la duración de una investigación preliminar, aunque reconoció que hay dos precedentes de la Corte Suprema que sí consideran un plazo.
En todo caso, señaló que la investigación ya había concluido y que se demoró por la reprogramación de declaraciones que los mismos investigados habían solicitado. “En los siguientes días, la Fiscalía de la Nación decidirá si archiva o formula denuncia ante el Congreso. Solo falta la decisión, la investigación ya concluyó”, precisó.
Según trascendió, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, está evaluando si las evidencias y testimonios recogidos durante estos meses permiten sustentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República para que se levante la inmunidad de fuero y se les pueda procesar ante el Poder Judicial.
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Por los altos cargos que ocupaban los investigados, la Fiscalía no puede denunciarlos directamente ante el Poder Judicial. Para ello se requiere la autorización expresa del Parlamento.
