Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 12 de December de 2024
Actualizado el 12/12/2024 08:29:30 am
El miércoles 11 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32181, que reforma el Código Procesal Penal en Perú y elimina la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia. Esta medida ha causado preocupación en sectores judiciales y fiscales, ya que limita una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
La reforma deroga el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal, que permitía a un juez ordenar la detención preliminar, incluso sin flagrancia, cuando existían razones fundadas para creer que una persona había cometido un delito grave. Ahora, los fiscales solo podrán solicitar detenciones inmediatas si el delito ha ocurrido dentro de las 48 horas previas y ha sido presenciado directamente.
Este cambio, aunque discutido en el Congreso, pasó desapercibido en medio del debate sobre el uso de armas por parte de la policía. La nueva ley afectará a todos los investigados, no solo a los miembros de las fuerzas del orden, lo que ha generado dudas sobre su efectividad en el combate contra la criminalidad.
El cambio entra en vigencia el 12 de diciembre, generando inquietudes sobre su impacto en investigaciones complejas relacionadas con el crimen organizado y la corrupción. Los expertos advierten que la medida podría afectar la capacidad de respuesta ante casos urgentes, limitando la acción de fiscales y jueces en situaciones donde no se pueda comprobar flagrancia de inmediato.
Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, considera que esta reforma pone en peligro la eficacia del sistema judicial. En particular, destaca que las nuevas restricciones podrían generar un clima de impunidad, afectando investigaciones que involucren a altos funcionarios o redes criminales internacionales.
Además, los críticos de la ley alertan sobre los riesgos que enfrentan los jueces en casos de flagrancia. La reforma establece que si la Policía determina que alguien está en flagrancia, debe ser detenido inmediatamente, pero advierten que un error de la Policía en la calificación de la situación podría resultar en sanciones severas para el juez, quienes ahora enfrentan penas de hasta 12 años de prisión.
