Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 07 de December de 2024
Actualizado el 07/12/2024 11:21:49 am
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó perpetrar un golpe de Estado que terminó en su destitución y detención. Dos años después, el país sigue lidiando con las consecuencias de ese episodio, marcado por el debilitamiento de la izquierda y una clase política sumida en el descrédito. Mientras Castillo afronta un juicio oral por los delitos imputados, su sucesora, Dina Boluarte, enfrenta ocho investigaciones y una aprobación que se desploma al 3%.
La crisis política actual tiene múltiples frentes. Por un lado, los actores del autogolpe, como Castillo y sus principales aliados, enfrentan procesos judiciales. Castillo permanece en prisión preventiva tras un fallido intento de revertir su situación ante el Tribunal Constitucional, mientras figuras como Vladimir Cerrón, Betssy Chávez y Aníbal Torres enfrentan sus propios problemas legales, incluyendo órdenes de captura y juicios pendientes.
Por otro lado, Dina Boluarte ha logrado mantenerse en el poder gracias al respaldo de una coalición en el Congreso encabezada por Fuerza Popular y APP. Este bloque ha bloqueado sistemáticamente las mociones de vacancia presentadas en su contra, a pesar de las graves acusaciones que enfrenta, desde presunto enriquecimiento ilícito hasta responsabilidad por las muertes en las protestas.
A pesar de las diferencias, ambos episodios reflejan el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones políticas. Omar Awapara, analista político, señala que los actos de Castillo y Boluarte han alimentado el rechazo generalizado hacia la clase política. "Hay una sensación de hastío que castiga tanto a la izquierda como a la derecha", asegura. La percepción de que el Congreso y Boluarte representan intereses conservadores ha permitido que la izquierda conserve cierto margen de apoyo, aunque debilitada.
La resistencia institucional fue clave para frenar el golpe de Castillo, como destacó el jurista Natale Amprimo. "El sistema democrático mostró un reflejo positivo al no permitir que el intento de interrupción tuviera éxito", afirmó. Sin embargo, el daño a la legitimidad política es evidente, con una ciudadanía que desconfía profundamente de sus representantes.
Boluarte, a pesar de su supervivencia política, enfrenta un futuro incierto. Su gestión ha sido cuestionada no solo por su baja aprobación, sino también por las ocho mociones de vacancia frustradas y las investigaciones abiertas en su contra. Estas incluyen casos de corrupción, omisiones en declaraciones patrimoniales y su presunta implicación en la desactivación de equipos especializados contra la corrupción.
El autogolpe de Castillo también dejó lecciones sobre los límites del poder presidencial. Según Amprimo, el caso es ejemplar porque "un presidente no necesita disparar un arma para cometer un delito; basta con dar una orden como jefe supremo de las Fuerzas Armadas". En este caso, la negativa de las instituciones armadas a cumplir las órdenes de Castillo fue decisiva.
En medio de este panorama, Perú enfrenta el desafío de reconstruir su estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. A dos años del golpe fallido y con una gestión presidencial en crisis, la nación sigue buscando una salida al ciclo de incertidumbre y confrontación que ha marcado su historia reciente.
