Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 16 de December de 2024
Actualizado el 16/12/2024 11:40:19 am
La reciente promulgación de la Ley Nº 32192, que sanciona con la expulsión inmediata a los extranjeros en situación migratoria irregular, ha generado un encendido debate en el Perú. Publicada este domingo en el Diario Oficial El Peruano, la normativa modifica varios artículos del Decreto Legislativo 1350 y endurece las medidas contra aquellos que no se identifiquen ante la autoridad competente.
Según la nueva disposición, la Policía Nacional del Perú (PNP) puede verificar la identidad de extranjeros sin orden judicial, utilizando métodos como el registro biométrico. De no contar con documentos válidos, los efectivos policiales tomarán una declaración de identidad, la consignarán en un acta y procederán a incluir la información en el Registro de Información Migratoria (RIM).
Sin embargo, defensores de derechos humanos y especialistas en migración han expresado su preocupación por el impacto de la norma. Señalan que, aunque la ley busca reforzar el control migratorio y proteger el orden público, podría abrir la puerta a detenciones arbitrarias y actos discriminatorios hacia los extranjeros, especialmente aquellos de origen vulnerable.
"Estas medidas deben implementarse con estricto respeto a los derechos fundamentales y sin caer en prácticas que puedan derivar en perfiles raciales o abusos de autoridad", afirmó Teresa Galindo, directora de la organización ProMigrantes. Añadió que la falta de acceso a una defensa legal oportuna en estos casos es otro aspecto preocupante.
Por otro lado, representantes del Gobierno han defendido la norma como una respuesta a los problemas de seguridad ciudadana que afectan al país. La expulsión se aplicará también a extranjeros que pongan en riesgo el orden público, lo cual incluye actividades relacionadas con delitos graves. "Este es un paso necesario para recuperar el control sobre nuestro territorio y garantizar la seguridad de los peruanos", afirmó el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
La ley también establece que el procedimiento sancionador no podrá exceder las 24 horas desde la detención administrativa. Esta rapidez en el proceso ha sido cuestionada por abogados migratorios, quienes aseguran que podría ser insuficiente para garantizar un análisis adecuado de cada caso y para identificar posibles situaciones de refugio o persecución.
Además, la norma aclara que el registro biométrico no regulariza la situación migratoria del extranjero, pero sí proporciona antecedentes migratorios para futuros procesos. Esto ha sido valorado por algunos sectores como una herramienta importante para monitorear y gestionar el flujo migratorio en el país.
El Poder Ejecutivo tiene 60 días para adecuar el reglamento de migraciones a estas modificaciones. Mientras tanto, la implementación de la Ley Nº 32192 estará bajo un intenso escrutinio de la sociedad civil y la comunidad internacional, preocupadas por el equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos en un contexto de creciente flujo migratorio en la región.
