Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 20 de February de 2021
Actualizado el 20/02/2021 01:25:23 am
El fallo por mayoría del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Telefónica implicará que la empresa deje de pagar al Estado una deuda de S/729 millones a la Sunat, informó la presidenta del TC, Marianella Ledesma.
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“La mayoría de los siete magistrados considera que la vía administrativa se ha demorado más allá del plazo legal que debió ser para la apelación un año y se tomó varios años, y eso no debe pagar Telefónica. Eso atañe a S/729 millones que no podrán reclamar”, explicó Ledesma en RPP.
La titular del TC, al igual que Manuel Miranda, votó en contra, pero los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos Núñez, Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero le dieron la razón a Telefónica pese a que la opinión pública se inclina a favor del Estado.
“Acompaño ese sentido crítico de la población. Considero de manera personal que en el Perú debería discutirse la posibilidad de sancionar a empresas y abogados que promueven dilaciones injustificadas”, aseguró.
Ledesma señaló que la deuda de la empresa con la Sunat data del 2000 y 2001, años en los que se cuestiona su obligación tributaria que asciende a S/582 millones como monto capital, otros S/852 millones por intereses legales y S/729 millones en intereses por mora. Esta última cifra es sobre la cual se pronunció el TC.
“El TC ha analizado el reclamo de Telefónica y argumenta centralmente que no se ha respetado el plazo legal. Se dice que hay un año para resolver las causas ante el tribunal fiscal y se ha tomado varios años. Siete años no en el tribunal fiscal sino en el cobro de toda la deuda. Seis meses eran ante la Sunat, se apeló, fueron al tribunal fiscal y luego está el tema de la ejecución”, indicó.
La titular del TC agregó que Telefónica acudió a la vía constitucional cuando todavía está en proceso el caso en el Poder Judicial, motivo por el cual ella y el ponente del caso, Manuel Miranda, votaron en contra de este recurso y consideraron que le correspondía a la vía administrativa definir si se debía o no pagar esos S/729 millones.
“Si hay una discusión en sede judicial, en lo contencioso administrativo donde los jueces están discutiendo la deuda capital e intereses legales, ¿por qué tenemos que partir la discusión? Hay una vía en que se puede atender este pedido, que es la contencioso administrativa. El segundo argumento es que un proceso constitucional se basa en la urgencia y irreparabilidad. No hay un tema de urgencia porque Telefónica ha logrado que el Poder Judicial [...] paralice los cobros con dos medidas cautelares”, señaló.
