redaccion Limay
LIMAY.PE
Lima, 29 de May de 2025
Actualizado el 29/05/2025 12:51:10 pm
Una revelación explosiva sacude el ámbito político nacional. Treinta y cinco ciudadanos requisitoriados por delitos como homicidio, violación sexual, lavado de activos y narcotráfico, todos incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, figuran como afiliados activos a partidos políticos legalmente inscritos o en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Entre los partidos mencionados destacan Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP), que se vieron obligados a pronunciarse tras el escándalo. Ambas agrupaciones han indicado que procederá con la expulsión inmediata de los involucrados, aunque no explicaron cómo fue posible que personas con antecedentes penales tan graves lograran inscribirse sin ser detectadas.
El caso ha reavivado el debate sobre la falta de filtros y depuración en los padrones partidarios, así como sobre la responsabilidad de las organizaciones políticas frente al crimen organizado que busca infiltrarse en la vida democrática del país.
Diversos especialistas en derecho electoral han recordado que la Ley de Organizaciones Políticas no impide la afiliación de personas con antecedentes salvo que exista una condena firme que impida el ejercicio de derechos ciudadanos. No obstante, el hecho de que estén requisitoriados y con orden de captura nacional o internacional complica la defensa legal de los partidos.
Además, el Ministerio del Interior ha confirmado que los nombres de estos 35 ciudadanos figuran en la lista oficial de “Los Más Buscados”, lo que implica que hay recompensa por su captura y que se trata de casos de alta prioridad.
Ante este panorama, diversos sectores exigen una reforma urgente del sistema de afiliación partidaria y un cruce obligatorio con las bases de datos de requisitoriados y condenados, para evitar que el crimen organizado penetre aún más en la política peruana.
