Vacunagate: Fiscalía interviene universidades Cayetano Heredia y San Marcos

Se busca asegurar el levantamiento de la inmovilización de las dosis de Sinopharm contra la COVID-19.


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Redacción Limay

LIMAY.PE

Lima, 13 de May de 2021

Actualizado el 13/05/2021 12:14:16 pm

Marco Carrasco Campos, fiscal anticorrupción de Lima Norte, y su equipo intervienen desde muy temprano las sedes de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos para asegurar el destino de las vacunas de Sinopharm contra la COVID-19, que habían sido inmovilizadas en sus respectivos centros clínicos por el Instituto Nacional de Salud (INS), tras el escándalo de la irregular inoculación de dosis a más de 400 funcionarios públicos.

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Esta diligencia se inició a las 8 y 30 de la mañana y consiste en el “levantamiento de la inmovilización de las dosis”, revelaron fuentes allegadas a la investigación. Participan también representantes del INS.

“Esta diligencia busca asegurar cuál será el uso de las dosis adicionales que fueron inmovilizadas: a quiénes se aplicarán o para qué se va a usar”, señalaron las fuentes.

En febrero último, el INS comunicó que las “dosis de vacunas disponibles en stock” estaban inmovilizadas en el Centro de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, suspendido para nuevos ensayos clínicos tras el escándalo del caso “Vacunagate”.

“El Ministerio Público busca cautelar el buen uso de las dosis que habían sido inmovilizadas. El INS y los centros clínicos de las universidades (Cayetano Heredia y San Marcos) deberán designar quién o quiénes estarán a cargo de la custodia de las vacunas”, explicaron las fuentes.

La fiscalía evalúa, además, solicitar un peritaje a una de las dosis para la evaluación correspondiente de su contenido.

Como se sabe, el Ministerio Público declaró compleja la investigación preliminar por este caso contra “los que resultan responsables por el delito contra la administración pública” y amplió el plazo a ocho meses.

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Esta es una pesquisa paralela a la seguida en la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti, en el denominado caso Vacunagate, al ser ellos exaltos funcionarios que tienen prerrogativa de antejuicio político.