REDACCIÓN LIMAY
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Lima, 02 de February de 2022
Actualizado el 02/02/2022 07:31:32 am
En el Congreso de la República se ha puesto en agenda la salida del presidente Pedro Castillo, congresistas de Fuerza Popular y el Partido Morado pidieron al jefe del Estado que renuncie por no estar capacitado para gobernar, en la Comisión de Constitución debatieron agregar la causal de corrupción para vacar al presidente y la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) anunció que presentará una acusación constitucional contra Castillo.
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La vocera de la bancada del Partido Morado, Susel Paredes, consideró necesario buscar una fórmula jurídica para sacar al presidente Pedro Castillo, para que su destitución siga un camino legal y no arbitrario. Eso va de la mano con el comunicado del Partido Morado, que pidió la renuncia de Pedro Castillo si es que no encuentra un “gabinete capaz” y no está en la capacidad para solucionar el “desgobierno”.
En tanto, el congresista fujimorista Ernesto Bustamante pidió que el presidente renuncie por ofrecer territorio a Bolivia que le permita una salida al mar y la congresista Patricia Chirinos anunció que presentará una acusación constitucional contra Pedro Castillo por una presunta “incapacidad” y “corrupción” del actual Gobierno.
“He decidido presentar acusación constitucional contra el presidente Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno. Ahora, el Congreso decidirá su destitución a través del juicio político correspondiente”, escribió en su cuenta de Twitter.
Precisamente, ayer en la Comisión de Constitución se priorizó el debate del proyecto de ley 918/2021-CR, presentado por los congresistas del Partido Morado Edward Málaga, Susel Paredes y Flor Pablo Medina, que plantea modificar el artículo 117 de la Constitución e incluir delitos como soborno o tráfico de influencias entre las causales para poder acusar a un mandatario en funciones.
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Actualmente, el mandatario puede ser denunciado durante su gestión por traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso (salvo en casos previstos en el artículo 134 de la Carta Magna); impedir la reunión o funcionamiento de los parlamentarios; o impedir la reunión de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) u otras entidades electorales.
