Defensor del Pueblo envió documento a Castillo para que renuncie

A través de un oficio enviado al jefe de Estado, Walter Gutiérrez dijo que no puede continuar en el cargo ante los numerosos cuestionamientos


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Redacción Limay

LIMAY.PE

Lima, 09 de April de 2022

Actualizado el 09/04/2022 06:22:55 am

Tras los hechos ocurridos en los últimos días a raíz de la inmovilización decretada por las protestas en contra del alza de precios, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió un oficio al presidente de la República, Pedro Castillo, donde le pide que renuncie al cargo.  

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A través del documento enviado, el titular de la Defensoría del Pueblo aseguró que este pedido lo hace como encargado de “la adecuada prestación de servicios públicos y cumplimiento de deberes de la administración estatal”.

“Ante las críticas y para salvaguardar los derechos fundamentales y la administración pública, Gutiérrez indica que “la Defensoría del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”.

En su oficio, recuerda que su institución advirtió desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo en reiteradas ocasiones que se estaba incumpliendo con el mandato de cumplir con la Constitución y el orden jurídico.

Pese a esto, señala que hay un “grave y acelerado deterioro de la administración pública” así como retrocesos en políticas públicas y el nombramiento de ministros y otros altos funcionarios no idóneos.

Walter Gutiérrez también incluye la falta de transparencia debido a que Pedro Castillo todavía no ha hecho pública la lista de visitas que recibió fuera de Palacio de Gobierno tal y como ordenó el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Como último cuestionamiento, el defensor del Pueblo menciona la medida de inmovilidad social que se ordenó casi en la medianoche del 4 de abril para que se acate el 5 de ese mismo mes, acto que calificó como inconstitucional por instrumentalizar un estado de emergencia para “evitar atender un conflicto social”.

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