Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 22 de November de 2022
Actualizado el 22/11/2022 09:33:29 am
Durante la reunión que sostuvo con miembros del grupo de alto Nivel de la organización de Estados Americanos (OEA), la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, defendió la acusación presentada contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de corrupción.
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Según explicó la magistrada, la investigación preliminar y la denuncia contra el jefe de Estado se ha hecho dentro del marco constitucional y las convenciones internacionales de la que es parte el Perú, preservando el debido proceso y bajo el escrutinio del Poder Judicial.
En la misma línea, indicó que el sustento de la acusación contiene indicios suficientes de la presunta comisión de los delitos. Por tal, explicó que ahora ya es competencia del Congreso determinar si es aprobada o no.
Durante esta conversación, la fiscal de la Nación también habló sobre la función constitucional del Ministerio Público de perseguir el delito, el cumplimiento de esa obligación con estricto apego a la Carta Magna, los tratados internacionales y leyes peruanas, así como la importancia del respeto a la autonomía e independencia de esta institución.
“Recordó que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa, reconocida no solo en la Constitución Política del Perú, sino también en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA” relató el Ministerio Público sobre el pronunciamiento de Patricia Benavides.
En otro momento, se acotó que “es falsa la versión remitida por el Gobierno a la OEA”, respecto a que la Fiscalía de la Nación presentó una “acusación constitucional” contra el presidente de la República, Pedro Castillo, con una supuesta “motivación política” que sería parte de una “estrategia de ruptura del orden democrático”, así como que haya pedido “inaplicar el artículo 117 de la Constitución”.
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“Ante los integrantes del Grupo de Alto Nivel, precisó que lo presentado al Congreso es una “denuncia constitucional” que contiene 190 elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo, producto de una investigación preliminar autorizada por el Poder Judicial y realizada respetando el debido proceso y el mandato constitucional de lucha contra la corrupción”, destacaron.
