REDACCIÓN LIMAY
LIMAY.PE
Lima, 05 de January de 2022
Actualizado el 05/01/2022 11:12:28 am
El fiscal adjunto supremo Ramiro González, quien participó en la diligencia en la que se tomó el testimonio de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, explicó que se abrió una investigación preliminar contra el jefe de Estado y se procedió a suspenderla hasta que termine su mandato porque el Ministerio Público no puede ser usado como un “instrumento político”.
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“Lo que se pretende desde algún sector es convertir a la fiscalía en un instrumento político y eso no corresponde constitucionalmente”, señaló
En la víspera, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de la Nación abrió dos investigaciones preliminares contra Pedro Castillo. La primera carpeta es por la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) en Provías Nacional y la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú.
El segundo caso es por una presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. En ambos procesos, se dispuso suspender los actos de investigación hasta que Castillo Terrones termine su mandato.
Ramiro González explicó que esto último se dio siguiendo el antecedente que se cumplió contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso “Richard Swing”.
“La línea que se ha marcado [...] es que se emita una disposición de la Fiscalía de la Nación que diga que hay suficiente evidencia para que el presidente de la República sea considerado investigado. Sin embargo, también respetemos lo que señala el artículo 117 (de la Constitución) que tiene una finalidad: la defensa de la institución presidencial”, aseveró el fiscal supremo adjunto.
En ese sentido, indicó que ese texto de la Constitución buscan proteger la institución presidencial, sin importar quién ocupe el cargo, evitando que el Ministerio Público se convierta en un “instrumento político”.
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El fiscal que es titular del área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación recordó que en 40 años nunca se había iniciado investigaciones contra expresidentes sino hasta que se hizo lo propio con Martín Vizcarra.
