Gobierno rompe la neutralidad y defiende a Fuerza Popular: “La Fiscalía no puede decidir qué partidos competirán”

El Ejecutivo sorprendió con un pronunciamiento en el que cuestiona implícitamente la solicitud de la fiscal Delia Espinoza de declarar ilegal al partido liderado por Keiko Fujimori.


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redaccion Limay

LIMAY.PE

Lima, 19 de September de 2025

Actualizado el 19/09/2025 12:57:45 pm

En una movida que ha encendido el debate político, el Gobierno de Dina Boluarte difundió un comunicado en el que defiende abiertamente a Fuerza Popular, señalando que el Ministerio Público “no puede pretender decidir qué partidos políticos participarán o no en la contienda electoral”.

 

El pronunciamiento llega luego de que la fiscal suprema Delia Espinoza solicitara al Poder Judicial la cancelación de la inscripción del partido naranja, argumentando presuntos actos ilícitos ligados al caso Cócteles y al financiamiento irregular de campañas pasadas.

 

“El Perú es un Estado democrático en el que el pluralismo político está garantizado por la Constitución. Pretender proscribir organizaciones por decisiones administrativas o judiciales atenta contra la voluntad popular”, señala el comunicado del Ejecutivo, en un tono que ha sido interpretado como un respaldo directo a Keiko Fujimori y su agrupación.

 

La reacción del Gobierno ha generado fuertes críticas desde sectores de oposición y especialistas en derecho electoral, quienes advierten una violación al principio de neutralidad política que debe regir en el Ejecutivo. “El Gobierno no debería tomar partido en un proceso judicial en curso, menos aún cuando se trata de una organización política que puede participar en las próximas elecciones”, expresó un constitucionalista consultado por la prensa.

 

Mientras tanto, desde Fuerza Popular celebraron el pronunciamiento como una “defensa de la democracia” y señalaron que seguirán confiando en el Poder Judicial para resolver su situación. El tema promete escalar en los próximos días, en medio de un escenario ya cargado por las tensiones políticas y judiciales.

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