redaccion Limay
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Lima, 21 de October de 2026
Actualizado el 21/10/2026 11:27:20 am
¡Dos polémicas leyes podrían quedar sin efecto en el Perú! La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes que buscan derogar total o parcialmente normas cuestionadas por sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que las califican como leyes “procrimen”. Las disposiciones, aprobadas durante el anterior Congreso, modificaron las facultades de investigación de la Policía Nacional y ampliaron las competencias del Fuero Militar Policial.
La decisión fue adoptada el martes 20 de octubre, durante una sesión presidida por Catherin Palomino, de Juntos por el Perú. Ambos dictámenes recibieron 12 votos a favor y 7 en contra, evidenciando las diferencias entre las bancadas parlamentarias respecto a los mecanismos que deben utilizar las autoridades para investigar delitos y determinar responsabilidades penales.
La primera norma que se busca eliminar es la Ley N.° 32130, promulgada en octubre de 2024, que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer las funciones de investigación preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sus críticos consideran que estos cambios redujeron las competencias del Ministerio Público y generaron dificultades para la conducción de determinadas investigaciones penales.
Con el dictamen aprobado, se propone derogar la Ley 32130 y restablecer las disposiciones anteriores del Código Procesal Penal, recuperando el esquema previo de competencias entre fiscales y policías. La propuesta busca modificar la distribución de responsabilidades durante las diligencias preliminares, aunque su aprobación definitiva todavía está pendiente.
La segunda norma cuestionada es la Ley N.° 32735, promulgada el 20 de junio de 2026, que amplió el concepto de delito de función y modificó las reglas sobre las competencias del Fuero Militar Policial. De acuerdo con los promotores de su derogación, esta legislación podría permitir que determinados delitos comunes cometidos por policías y militares sean evaluados por la justicia militar en lugar de los tribunales ordinarios.
Uno de los principales cuestionamientos es que la Ley 32735 establece mecanismos que otorgan preferencia a la jurisdicción militar policial cuando existen conflictos de competencia con la justicia ordinaria. Sus detractores advierten que esta disposición puede generar riesgos de impunidad y afectar el derecho a ser juzgado por el tribunal competente.
Sin embargo, la propuesta no busca eliminar completamente el Fuero Militar Policial. El dictamen plantea derogar parcialmente la Ley 32735 para restablecer la competencia de los tribunales ordinarios sobre delitos comunes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, conservaría las sanciones agravadas para efectivos que colaboren con bandas u organizaciones criminales.
Durante el debate, representantes de Fuerza Popular expresaron su rechazo a las modificaciones y solicitaron una evaluación más amplia de sus consecuencias. Las diputadas Karina Beteta y Cecilia Chacón, junto con Carlos Domínguez, plantearon esperar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la Ley 32735 y escuchar nuevamente a especialistas antes de impulsar cambios legales.
Por su parte, los legisladores que respaldaron los dictámenes defendieron la necesidad de garantizar que los delitos comunes puedan ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria. César Holguín, de Ahora Nación, sostuvo que la iniciativa no pretende desaparecer la jurisdicción militar, sino corregir las disposiciones que, a su juicio, distorsionan el concepto de delito de función.
La votación favorable fue respaldada por representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Obras, mientras que los votos contrarios provinieron de Fuerza Popular y Renovación Popular. Las diferencias reflejan un debate sobre el equilibrio entre las facultades de la Policía, el Ministerio Público y los órganos encargados de administrar justicia.
Pero estas no son las únicas normas cuestionadas. La comisión también tenía previsto evaluar modificaciones relacionadas con la Ley N.° 31751, conocida como Ley Soto, que estableció límites a la suspensión del plazo de prescripción de los delitos. Sin embargo, el debate fue postergado después de aprobarse una cuestión previa para continuar el análisis mediante una mesa técnica.
¿Significa esto que las llamadas leyes “procrimen” ya fueron derogadas? La respuesta es no. Los dos dictámenes aprobados deberán ser debatidos y votados por el Pleno de la Cámara de Diputados. Si reciben el respaldo necesario, pasarán al Senado para continuar su trámite legislativo. Por lo tanto, las normas cuestionadas todavía no han quedado sin efecto.
La decisión de la Comisión de Justicia representa un avance en el procedimiento para revisar dos leyes controvertidas del anterior Congreso, pero su derogación definitiva dependerá de las siguientes etapas parlamentarias. Mientras tanto, continúa el debate sobre qué cambios permitirían mejorar las investigaciones penales, garantizar el debido proceso y evitar posibles situaciones de impunidad.
