Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 06 de July de 2022
Actualizado el 06/07/2022 01:14:17 am
El ataque a la libertad de prensa está en marcha y ahora está en manos del Parlamento aceptarlo o no. Este miércoles, el Gobierno del presidente Pedro Castillo presentó ante el Congreso el proyecto de ley que busca sancionar la difusión de la información reservada en la investigación penal, conocido como ley mordaza.
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Semanas atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que presentarían ante el Congreso el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. El titular de la PCM sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.
"Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva", informó en conferencia de prensa.
"Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Por eso estamos presentado un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine", agregó.
Este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio. El titular del Minjus aseguró que con la medida se busca "proteger" la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, "en lo absoluto", se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
Defensoría se muestra en contra
Tras el anuncio, la Defensoría del Pueblo, ha solicitado al Gobierno desestimar la presentación de este proyecto que crea el delito de la información fiscal y que, según la institución, afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
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Agregó que "resulta indispensable asegurar condiciones mínimas que permitan a la prensa ejercer su labor a cabalidad" y que "tales condiciones no podrían ser alcanzadas en contextos en los que se criminaliza la divulgación de información fiscal".
