Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 13 de July de 2022
Actualizado el 13/07/2022 03:47:36 am
Este miércoles, el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, anunció que se aprobó el informe final del caso Sarratea que implica al presidente Pedro Castillo en actos de corrupción. Ante ello, el Parlamento someterá a debate el pedido de acusar constitucionalmente al jefe de Estado.
Abogado de Castillo insiste en presentar recurso legal para que no lo investiguen
A través de su cuenta de Twitter, el legislador, compartió la imagen del documento del acuerdo de la Junta de Portavoces por el que se amplía la agenda con la inclusión del informe de su grupo de trabajo.
El documento es firmado por los representantes de las bancadas de Fuerza Popular (24), Alianza para el Progreso ( 14), Avanza País (10), Renovación Popular (9), Somos Perú (5) y Podemos Perú (5), con lo que se suman 67 votos, cuatro más de los requeridos para este procedimiento.
El jueves 30 de junio, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes presuntos delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.
En el documento se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
De acuerdo con el informe de Fiscalización, el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Martha Moyano a Lilia Paredes: “Usted como primera dama no tiene inmunidad”
El informe también concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/. 232.5 millones, habrían dado dinero al jefe de Estado a través de la lobbista Karelim López.
