Armando Espinoza
LIMAY.PE
Lima, 27 de January de 2023
Actualizado el 27/01/2023 05:41:39 am
Este viernes, el expresidente Pedro Castillo publicó en sus redes sociales un texto digitalizado desde el penal de Barbadillo (Ate, Lima), en el marco de la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
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En la misiva, quien lideró el sindicato de profesores del 2017 agradeció a los mandatarios Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro de Zelaya (Honduras) y Andrés Manuel López Obrador (México) “por su firmeza en condenar la dictadura (de Dina Boluarte), (su) detención arbitraria y por exigir las garantías constitucionales de las cuales (sigue) privado ilegalmente”.
En el texto, en el que se refiere a sí mismo como "presidente constitucional del Perú", pese a ser destituido por el Congreso de su país tras un fallido autogolpe, agradece a los mandatarios Gustavo Petro, Xiomara Castro de Zelaya y Andrés Manuel López Obrador "por su firmeza en condenar la dictadura (de Dina Boluarte), su detención arbitraria y por exigir las garantías constitucionales de las cuales (estaría) privado ilegalmente".
Además, Castillo se solidariza con "su hermano" Evo Morales, "perseguido político (...) a quien le prohibieron el ingreso al Perú". Le agradeció por haber sido "coherente en su defensa con la democracia y denuncia al Gobierno fascista de Dina Boluarte, responsable del derramamiento de la sangre que hoy enluta al Perú".
En esa línea, responsabilizó a la presidenta Boluarte de los más de 60 fallecidos y 1.200 heridos que se han registrado durante las protestas sociales que llevan más de un mes en diferentes regiones del país.
También reconoció a los jefes de Estado Alberto Fernández (Argentina), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Nicolás Maduro (Venezuela) por su exposición abocada a la “grave situación que vive” el Perú.
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Sobre su situación legal, Castillo Terrones la calificó como un “cautiverio arbitrario sometido por la dictadura de Dina Boluarte, mediante un proceso judicial viciado de legalidad”. Según su versión, es un “prisionero político” y la detención en su contra viola la Constitución peruana, Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.
