REDACCIÓN LIMAY
LIMAY.PE
Lima, 04 de September de 2022
Actualizado el 04/09/2022 10:52:09 am
El partido político Alianza para el Progreso (APP) liderado por César Acuña ha quedado mal parado luego de la difusión de audios de conversaciones entre él, miembros de su partido y autoridades congresales, en donde exige, entre otras cosas, la aprobación del proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo, algo que lo beneficiaría directamente.
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En ese sentido, los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, cercanos a personajes como Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, presentaron una denuncia penal en contra de los participantes de estos audios:
- César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP)
- Lady Camones, presidenta del Congreso
- María Acuña Peralta
- Luis Valdez Farías
- Alejandro Soto Reyes
- Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez
- Partido Político Alianza Para el Progreso, como persona jurídica.
Los delitos por los cuales se les acusa a los implicados son organización criminal, tráfico de influencias, colusión simple y agravada, inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado y peculado doloso y culposo.
La denuncia penal destaca que, en caso estar ante un concurso real de delitos, el caso podría significar hasta 35 años de pena privativa de la libertad.
Así pues, los abogados que presentaron la denuncia indican en su premisa principal que César Acuña sería el líder de la organización criminal, en la cual estaría participando la presidenta del Legislativo, Lady Camones, y parlamentarios de APP como brazos políticos.
Esto tras la difusión de un audio en el que, según la tesis de los letrados, se demostraría tráfico de influencias, pues “se observa que la Presidenta del Congreso de la Republica, señora Lady Camones Soriano, tiene influencias reales en virtud al cargo político que ostenta, lo cual le permite facilitar los ilegales encargos que el denunciado Cesar Acuña le solicita con respecto a la especial y desde luego ilegal tramitación de proyectos de ley y otros en claro beneficio del denunciado”
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Por ello, la denuncia solicita el allanamiento, descerraje, registro personal e incautación, así como la detención preliminar de los imputados, pues estos “pueden eludir la acción de la justicia, pues tienen recursos económicos para abandonar el país o rehuir a la acción de la justicia”.
