TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad de la ley que elimina el régimen CAS

El último lunes, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131.


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Redacción Limay

LIMAY.PE

Lima, 13 de May de 2021

Actualizado el 13/05/2021 03:38:07 am

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131, que elimina el régimen Contratación Administrativa de Servicios (CAS), anunció vía su cuenta de Twitter. La decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados del TC.

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Como se recuerda el Congreso de la República promulgó la ley que establece la eliminación progresiva del régimen de CAS en el sector público, luego de que la aprobación en insistencia tras haber sido observada por el Poder Ejecutivo.

Ante ello, el Poder Ejecutivo decidió interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley que elimina el régimen de CAS, que fue presentado por la procuraduría a inicios de esta semana.

Así, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131, que dispone la incorporación de los trabajadores del Estado bajo el régimen CAS a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276.

El último 4 de marzo, el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que elimina en forma progresiva el régimen CAS con 105 votos a favor, cero en contra y siente abstenciones.

“La Ley N° 31131 fue emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país y en la implementación del nuevo régimen del servicio civil”, sostuvo el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta.

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Además, en la demanda se informa al TC que el número de trabajadores CAS en el Estado asciende a 286,000 personas y que su incorporación a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276 implicaría un costo no previsto en el presupuesto público de S/ 3,600 millones.