redaccion Limay
LIMAY.PE
Lima, 11 de December de 2025
Actualizado el 11/12/2025 10:37:10 am
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sorprendió al Ministerio Público al anunciar que en las próximas semanas se ejecutará la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y Eficavip. Según explicó, estas unidades habrían cumplido ya su función y corresponde reorganizar las investigaciones bajo una nueva estructura fiscal.
La noticia ha generado un fuerte impacto, considerando que estos equipos han sido responsables de procesos emblemáticos contra exmandatarios, altos funcionarios, empresarios y redes criminales que operaron durante más de una década. Su trabajo ha marcado hitos en la lucha contra la corrupción, pese a los constantes obstáculos políticos e institucionales.
La medida anunciada por Gálvez no solo implica el cierre, sino también la redistribución de casos, fiscales y personal especializado. Este punto preocupa a especialistas, quienes advierten que un cambio abrupto podría generar retrasos, pérdida de continuidad y debilitamiento de investigaciones altamente complejas.
El anuncio también se produce en un contexto especialmente sensible, pues el propio fiscal interino Tomás Gálvez se encuentra bajo investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una red de corrupción que habría operado en el sistema judicial. Diversos sectores han cuestionado la imparcialidad y la oportunidad de esta decisión.
En el Ministerio Público, las reacciones han sido de tensión e incertidumbre. Algunos fiscales sostienen que esta disolución podría interpretarse como un retroceso en la lucha anticorrupción, mientras que otros consideran que la medida podría responder a un intento de reconfigurar el control de investigaciones claves.
Frente a las críticas, Gálvez insistió en que la reorganización se realizará con “criterios técnicos” y negó que existan motivos personales o políticos detrás de la decisión. No obstante, organizaciones civiles y expertos en justicia han solicitado que la Fiscalía exponga públicamente los fundamentos y garantice que las investigaciones no serán afectadas.
