Tribunal Constitucional: El entrampamiento en la elección y los cuestionados puntajes

Luego que no hubiera consenso el último miércoles en el Congreso de la República para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y por ende se suspenda el Pleno, lo que ocurrió la tarde del jueves es mucho más preocupante.

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Según un informe de PROÉTICA, algunas bancadas a favor de seguir el proceso están tratando de buscar acuerdos, pero un sector está en contra. Asimismo, sostiene que la publicación de los puntajes evidencia negligencia.

Durante la sesión de portavoces, el procurador del Parlamento, Manuel Peña, informó sobre el procedimiento que se debe seguir ante la acción de amparo y la medida cautelar que se ordenó en lo que concierne a la elección de los magistrados.

En horas de la tarde, el pleno se preparaba para abordar el tema, sin embargo, por pedido del presidente de la comisión especial, Rolando Ruíz, se procedió a un cuarto intermedio, evitando así que se retome la votación.  

Uno de los voceros de Acción Popular, Juan Oyola, indicó que las bancadas que apoyan el proceso están buscando convencer a otros. “Lo que se está haciendo, con los votos que se cuenta, es tratar de convencer a algunos que tenían preferencias por quienes eran los primeros y votaron en contra”, manifestó para El Comercio.

Por su parte, Luis Valdez, vocero alterno de Alianza Para el Progreso reconoció que se encuentran a la expectativa tras el pedido del cuarto intermedio.

“Estamos esperando que el presidente de la comisión especial solicite el término del cuarto intermedio; mientras tanto estamos a la expectativa”, sostuvo.

Durante la jornada, Carmen Omonte y los legisladores de APP Walter Benavides y Walter Ascona, emitieron un pronunciamiento expresándose en contra de la elección. De igual forma, lo hicieron tres legisladores de Acción Popular: Rolando Campos, Hans Troyes y Jorge Vásquez. En tanto, el candidato Jorge Rioja, puesto 11 en el cuadro de méritos, desistió de seguir participando.

Por otro lado, Rolando Ruíz señaló que por un tema de transparencia se procedería con la publicación de las motivaciones individuales de los congresistas miembros de la comisión respecto al puntaje que otorgaron a los candidatos.

 “En aras de la transparencia, estamos devolviendo la tranquilidad a aquella jueza que se atrevió a denunciar al Congreso, publicando lo que ella quiere, las motivaciones. Para que en aras de la transparencia quede tranquila con esta situación”, manifestó Ruiz, como reconociendo la deficiencia.

Asimismo, cuestionó que el vocero del Frente Amplio, Yván Quispe, haya remitido cartas a varios candidatos al TC exhortándoles a desistir de su postulación. “Invoco su renuncia al ilegítimo proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional”, son los asuntos de varios de los escritos con fecha del 24 de junio remitidos por el legislador de izquierda.

“La bancada del Frente Amplio está amedrentando a todos y cada uno de los candidatos, está amenazando a los que hasta este momento siguen en carrera, con cartas firmadas por su vocero. Exhortándoles que renuncien a su cargo bajo condición de que no sean parte de un golpe o vayan contra el código de ética del Colegio de Abogados. Eso no se puede permitir”, manifestó Franco Salinas, portavoz de Acción Popular, quien además pidió que el caso sea visto en la Comisión de Ética.

Otro caso fue el del propio Rolando Ruiz, presidente de la comisión especial del TC, quien obre la solvencia e idoneidad moral del constitucionalista Carlos Hakansson, refirió: “A mi criterio, el postulante ha demostrado tener claro la separación e independencia de poderes, lo que es un aspecto sustantivo de nuestro sistema constitucional y democrático”..

Todos estos casos evidencian que el concurso “se ha manejado de forma muy negligente”, por lo que “queda claro por qué no querían publicar las motivaciones”, opinó Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo Peruano de Transparencia Internacional.

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Asimismo, se supo durante la jornada, que el procurador del Congreso, Manuel Peña, emitió un informe sobre la demanda de amparo y la medida cautelar que ordenó suspender la elección de miembros del Tribunal Constitucional. En ese documento, se señaló que se interpondrá una denuncia penal por prevaricato y abuso de autoridad contra la jueza Soledad Blácido, quien ordenó la suspensión de la elección. A juicio del procurador, la magistrada cometió una intromisión en la función del Parlamento y causó un perjuicio a los parlamentarios.