Los Hijos del Cóndor: Cáceres Llica dice que hará huelga de hambre

A través de una carta a la opinión pública, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien se encuentra detenido, anunció que iniciará una huelga de hambre como una medida de protesta ante una presunta “parcialización” del juez José Málaga Pérez.

Áncash: Rescatan a menor de 12 años tras dos días de secuestro

Precisamente, el juez decidirá en los próximos días si se le dicta 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los hijos del cóndor’.

Cáceres Llica aseguró que el proceso que se le sigue “ha tomado un tinte político”. Incluso estaría “manchado” de supuestos intereses “ajenos” a la justicia.

“El señor juez José Málaga Pérez ya nos ha condenado de forma anticipada a cada uno de los detenidos. En cada una de las audiencias que participó, siempre indicó que existe una organización criminal; esto, sin hacer la previsión que existe la presunción de inocencia y el debido proceso. Para el juez, ya no se trata de una presunta organización criminal, sino que ya existe dicha organización criminal y nos está imponiendo una condena anticipada. Basta oír sus audios para corroborar lo que digo”, indicó.

“Debo indicar que es mi derecho iniciar una huelga de hambre en contra de esa supuesta parcialización que veo en el magistrado José Málaga Pérez”, agregó.

Asimismo, exhortó a las autoridades judiciales nacionales e internacionales, organismos de derechos humanos, colegios de abogados y demás instituciones, a estar vigilante a la decisión “arbitraria” de no corroborar los audios presentados por la Fiscalía.

Como se recuerda, la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa solicitó el encarcelamiento preventivo del gobernador Elmer Cáceres Llica, los funcionarios Gregorio Palma (exgerente general), Marcelo Córdova (exgerente de Autodema y Copasa), Napoleón Ocsa (exgerente de Autodema), Leodán Llaiqui (exasistente del gobernador), los consejeros Veto Bernal Huarca, Jeimi Flores Quicaño y el dirigente Mario Jacobo.

[VIDEO] Ronderos paran protesta, pero exigen hablar con el Gobierno

Todos ellos son acusados de haber conformado una red para el reparto ilegal de terrenos, asignación de obras, puestos de trabajo a favor de los consejeros oficialistas a cambio de que estos blinden políticamente a la autoridad regional y sus funcionarios, por lo que habrían cometido el delito de crimen organizado y cohecho.