REDACCIÓN LIMAY
LIMAY.PE
Lima, 20 de October de 2021
Actualizado el 20/10/2021 01:54:12 am
Casi 2000 entidades del Estado tienen una deuda nominal de 87 millones 217 mil 370 soles con sus trabajadores por no depositarles su AFP, a pesar de haberles descontado en sus remuneraciones. Situación similar ocurre con los empleados que se encuentran afiliados a la ONP.
Halloween: Ya se reportaron 10 eventos masivos en varios distritos de Lima
En el caso de los afiliados a las AFP, son 144 mil 075 afiliados los que se han visto perjudicados porque sus empleadores les retuvieron el aporte y no lo depositaron en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).
Según un informe pericial del Ministerio Público, la Municipalidad de Magdalena, tiene una deuda de más de S/ 32 millones de soles por falta de pagos a las AFP y ONP, cuyo proceso está estancado en el Ministerio Público.
Ello, a pesar de que existe un informe técnico elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público que demostró que la gestión del exalcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, sí contaba con recursos económicos para pagar a las AFP y ONP los aportes para las futuras pensiones de sus trabajadores municipales
El plazo para el archivamiento de esta conducta delictiva está por vencer entre hoy y mañana, lo cual dejaría en impunidad las malas prácticas de los funcionarios públicos en contra de los miles de afiliados que se ven perjudicados con este accionar.
Son 180 los trabajadores, en su mayoría de más de 50 años, los perjudicados con la política de no pago de pensiones que se ejecutó durante la gestión de Allison.
La millonaria deuda no solo perjudicará a los empleados respecto a su jubilación, sino también a los vecinos del distrito, debido a que el pago de impuestos municipales que hagan ahora, deberá ser destinado para cancelar las obligaciones que el exalcalde Allison no cumplió a lo largo de su gestión.
Arturo Cárdenas, prófugo por el caso "Los Dinámicos del Centro", estaría en Bolivia
Es imprescindible saber si el caso pasará directamente a juicio oral o se dispondrá un requerimiento de acusación directa en virtud de que obraría en la carpeta fiscal suficientes y fundados elementos probatorios del uso indebido del dinero de los trabajadores.
