Guillermo Oshiro
LIMAY.PE
Lima, 27 de March de 2021
Actualizado el 27/03/2021 01:17:04 am
Joel Paul Herrera tenía 48 años y era voluntario de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm. Fue parte de los 12 mil peruanos que pusieron el hombro para verificar la eficacia de la dosis del laboratorio chino, pero al final fue víctima del coronavirus y también de la inacción de todos los responsables del estudio dirigido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
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Mientras Herrera fallecía, un grupo de voluntarios exigía frente al frontis del Instituto Nacional de Salud (INS) encontrar una rápida solución para evitar más muertes como las de Néstor Florentino Salas Cordero (65), Juan Quiñones Miranda (74) y Pablo Roncal Domínguez (43).
Con el prometido proceso de inmunización congelado para los participantes del estudio por las investigaciones del ‘Vacunagate’, lo que exigen hoy es saber si están protegidos y para ello necesitan que se libere la información de los estudios. Ocurre que en este proceso se dividió en tres grupos a los voluntarios. Cuatro mil recibieron placebo, otros cuatro mil la cepa de Wuhan (poco efectiva) y los cuatro mil restantes la cepa de Beijing (efectiva).
“Pedimos que levanten el ciego (información), pero todos se tiran la pelota. La Cayetano dice que el INS debe autorizarlo, pero los del INS dicen que los responsables son los de la Cayetano”, explicó Rossana Lema, una de las participantes de este estudio inconcluso, a Limay.pe.
¿De quién depende?
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que la Universidad Cayetano y Sinopharm son los únicos que pueden levantar la información. “Por problemas internos en la universidad hay demoras en la apertura de los estudios ciegos. Hemos hablado con las dos partes y eso va a ser respondido inmediatamente por el INS, que a su vez le pedirá a la Digemid que autorice la importación de las dosis para vacunar a los voluntarios. El punto de partida es la propia universidad que tenía que hacer el pedido”, aseguró Ugarte.
Este viernes el INS recibió por segunda vez a los cuatro representantes de los voluntarios y sostuvo una reunión con las autoridades del Digemid, Defensoría del Pueblo y las universidades Cayetano Heredia y San Marcos, responsables de los ensayos clínicos.
Fueron cinco horas de charla en la que no se llegó a nada concreto. “Quieren establecer un protocolo de ensayo que podría tardar tres meses siendo optimistas, porque quieren llevar los ocho mil expedientes (los voluntarios que requieren ser inoculados) para que sean evaluados uno por uno. Hay gente mayor, de la primera fase a la que les pusieron solo una dosis y de ahí quedó todo. Urge acelerar todo este tema, pero no hay voluntad de hacerlo”, agregó Lema.
Martín Fonseca Nario, joven periodista de 23 años, sabe que al no estar en los grupos prioritarios de inmunización probablemente sea de los últimos en inocularse en el país. Él prácticamente perdió las esperanzas de hacerlo a través de los ensayos clínicos, tal como se lo prometieron.
“No voy a decir que puse en riesgo mi vida cuando me ofrecí de voluntario porque investigué bastante antes de inscribirme. Supe de los ensayos en Emiratos, que la dosis de Sinopharm era más o menos segura, por eso intenté animar a muchos familiares y amigos pero nadie aceptó. Hoy me siendo realmente desilusionado porque pensé que esto era un proyecto serio y que vacunándome con esas dosis contribuiría en algo a la seguridad de mi familia y al país”, señaló a Limay.pe
Más complicaciones
Para hacer más dramática la situación de los participantes de este estudio, tras apenas cuatro semanas como investigadora principal de los ensayos clínicos y luego de reemplazar al suspendido Germán Málaga, señalado como uno de los responsables del ‘Vacunagate’, la doctora Coralith García renunció al cargo.
“¿Ahora quién va a atender nuestro legítimo reclamo si otra vez el ensayo clínico de Sinopharm está descabezado tras el ‘Vacunagate’?”, se quejó Ricardo Parra, ingeniero de 60 años que también sigue esperando soluciones.
“Con Coralith no hubo ningún avance. Hubo reuniones y nunca estuvo presente, supongo que era porque las autoridades la convocaban constantemente. La presionaban y culpaban por el ‘Vacunagate’, por ello se entiende que no quiera meterse en este problema”, sostiene Lema.
Además de los adultos mayores que aceptaron ser parte de este proceso, también se encuentran entre los voluntarios personal de primera línea (enfermeras y estudiantes de medicina) que siguen exponiéndose día a día al virus sin estar protegidos contra el virus.
“En mi caso todavía podría esperar por mi edad, pero me parece que las personas que deben ser atendidas lo más pronto posible son los voluntarios que trabajan en primera línea. Algunos recibieron la primera dosis hace 50 días y todavía no reciben la segunda. ¿Qué complicaciones podrían tener si la recomendación es de 21 día entre vacuna y vacuna? Simplemente queremos acciones, no solo palabras. Que se cumpla con los acuerdos del consentimiento informado. Que no se afecte a los 12 mil voluntarios que pusimos el hombro hace medio año por acciones miserables de políticos y gente externa al estudio”, sentenció Fonseca.
Doce mil peruanos viven hoy con la incertidumbre de si fueron inmunizados o no, mientras que las 487 personas que se inocularon a costa de ellos caminan por las calles con la certeza de que el virus no los afectará.
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“No hay plazos ni absolutamente nada. Ni siquiera estamos en el calendario del cronograma del Gobierno Central. No sentimos defraudados completamente. Me vacunaron en octubre cuando no sabíamos qué nos estaban poniendo. Ahora que la vacuna funcionó, nos tienen abandonados. El ensayo no nos cubre nada si nos enfermamos de COVID-19. Dentro del Consentimiento Informado no figura solo atención primaria, tienen razón. Pero no se ve voluntad de ayudarnos”, puntualizó Lema.
