REDACCIÓN LIMAY
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Lima, 15 de September de 2021
Actualizado el 15/09/2021 01:40:38 am
El Poder Judicial suspendió la audiencia del caso "Los dinámicos del centro" hasta el 27 de setiembre, donde se evaluará el pedido de prisión preventiva de 36 meses para 20 investigados.
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Entre los involucrados figuran el secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y Eduardo Bendezú, fundador del partido del lápiz y exdirector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín.
La decisión la tomó el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien busca que el Ministerio Público realice precisiones a su requerimiento y ante nuevos elementos de convicción y detalló que la fiscalía tendrá hasta el 20 de setiembre para presentar el nuevo pedido de prisión preventiva y a partir de ese día se notificará a los abogados.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al juez Chávez Tamariz que se incluyan nuevos elementos de convicción al pedido de prisión preventiva y desistió de su pedido contra Marina Vásquez López y Christian Quispe Baltazar. Por esa razón el magistrado optó por brindarle tiempo a la fiscalía para que presente un nuevo requerimiento.
El pasado 14 de agosto el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo declinó a su competencia en el caso Los Dinámicos del Centro, que involucra al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y a dirigentes de Perú Libre.
A través de una resolución, dispuso remitir el expediente al Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delito de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios.
Como se recuerda, la Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron el pasado 15 de junio a 27 miembros de la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, la misma que, de acuerdo a las investigaciones, estaba dedicada a obtener ganancias ilícitas a cambio de favorecer irregularmente con la emisión de licencias de conducir, desde la misma Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín.
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Los delitos cometidos serían organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. A esto se suma la apertura de otra investigación por presunto lavado de activos.
