Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 25 de June de 2022
Actualizado el 25/06/2022 04:08:52 am
El último jueves 23 de junio, el gobierno del presidente Pedro Castillo a través del subsecretario general del Despacho presidencial, Beder Camacho, aprobó la solicitud de Alejandro Toledo, quien pidió que el Estado asuma el costo de su defensa por el presunto favorecimiento a la empresa concesionaria Transvase Olmos (Odebrecht), amparándose en la ley SERVIR.
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La licitación convocada por Presidencia de la República se dio el mismo día que se otorgó la buena pro. La invitación al letrado Su Rivadeneyra se realizó a las 13.06 horas y, de manera relámpago, se adjudicó la contratación a las 19.38 horas. De esta manera, el Gobierno asumirá el costo en beneficio del expresidente.
Fue el pasado 16 de marzo que Alejandro Toledo, quien se encuentra en proceso de extradición al Perú para afrontar las investigaciones en su contra, cursó un oficio en el que solicita que el Ejecutivo asuma el costo de su defensa por la investigación que mantiene vigente por el caso de Odebrecht, amparándose en la Ley n° 30057, Ley del Servicio Civil (Servir).
En el documento que emitió el extitular de la Chacana, se adjunta la carpeta fiscal n° 506015507-2018-1-0, donde la Fiscalía le imputa el favorecimiento a la empresa concesionaria Transvase Olmos S. A. para el otorgamiento de la buena pro en el concurso de Proyectos Integrales para la concesión del proyecto denominado Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Trasvase del Proyecto Olmos, ejecutado en el 2016.
Aprueban pedido de Toledo
Quince días después de dicho pedido, el subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho Gadea, emite la resolución n°00012-2022. Fue el 1 de abril que el referido funcionario detalla que le corresponde el derecho de defensa a Toledo por el beneficio de la Ley Servir.
“Los servidores civiles (expresidentes) tienen derecho a contar con la defensa y asesoría legal con cargo a los recursos de la entidad para sus procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales (…) inclusive aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad”, dice uno de los párrafos de la resolución.
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El subsecretario Beder Camacho justifica, además, en el detalle de la resolución que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene la potestad de “reglamentar las leyes, pero sin transgredirlas ni desnaturalizarlas”.
