Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 13 de July de 2022
Actualizado el 13/07/2022 12:07:34 pm
El pasado 3 de marzo se difundió un video en el que se ve a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, ofreciendo una obra de saneamiento a vecinos de un distrito de Chota en compañía de Hugo Espino y vistiendo un chaleco de su empresa constructora, JJM Espino.
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Ahora, el paradero tanto de Yenifer como del empresario es desconocido. Cabe mencionar que el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso cursaron citaciones para que la hermana de la primera dama declare en relación a estos hechos. Sin embargo, no pudo ser ubicada por estos últimos y no se presentó ante el despacho del fiscal que la investiga.
Y es que, el lunes 4 de julio, el fiscal anticorrupción Jony Peña le abrió una indagación preliminar por presunto tráfico de influencias. Dos días después, la citó para que declare el lunes 11 de julio a las 9:30 a.m. en condición de investigada; sin embargo, Yenifer Paredes no acudió a la citación.
En cuando al Congreso, la situación es similar. La Comisión de Fiscalización citó para este miércoles 13 de julio a la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, a Yenifer Paredes y al empresario Hugo Espino. La primera, a través de su abogado, dijo a la prensa que sí asistirá a la citación parlamentaria. No obstante, fuentes de la comisión de Fiscalización comentaron que “ha sido imposible ubicar” a Yenifer Paredes y que no ha habido respuesta de la citación que enviaron a Chugur, en Anguía, Chota, donde figura su dirección en Reniec.
Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes, comentó el lunes por la noche que la cuñada de su defendido “debe colaborar con la investigación. Además aclaró en múltiples ocasiones que él no es abogado de la cuñada.
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Según El Comercio, Yenifer Paredes no tiene salidas registradas del país. Asimismo, en los registros oficiales de visitas de Palacio de Gobierno solo se consignan dos visitas a nombre de la ‘hija mayor’ del presidente: las de Hugo Espino del 31 de agosto y 3 de septiembre, reuniones por las que tanto en la fiscalía como el Congreso se espera obtener respuestas.
