Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 23 de February de 2021
Actualizado el 23/02/2021 10:47:59 am
El informe que recomienda declarar procedentes las denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete por vacunarse en secreto contra el COVID-19 cuando eran autoridades del Gobierno, fue aprobado el día de ayer lunes 23 por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El grupo de trabajo que preside el congresista Carlos Pérez (Acción Popular) tomó la decisión por unanimidad. El documento aprobado será dividido en dos partes para distinguir el juicio político del antejuicio.
Pérez Ochoa, precisó que los tres exfuncionarios estarán comprendidos en el primer proceso constitucional, mientras que Vizcarra también estará sujeto al segundo. Agregó que el documento aprobado se remitirá a la Comisión Permanente. Tras la eventual aprobación en dicha instancia, regresará a la Subcomisión para la elaboración del informe final en un plazo de 15 días.
El informe, posteriormente, regresará a la Permanente, donde los denunciado podrán ejercer su derecho a la defensa. De ser aprobado, el documento será elevado al Pleno del Parlamento, que definirá el futuro de los exfuncionarios.
En el caso de Vizcarra, el informe de calificación incluye acusaciones por los presuntos delitos de organización criminal, falsificación de documentos, tráfico de influencias y otros. A las exministras, de otro lado, las sindican de los supuestos delitos de cohecho pasivo y concusión.
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Por su parte, Mirtha Vásquez, titular del Congreso, estimó que en aproximadamente tres meses la Subcomisión podría resolver el caso del ex jefe de Estado.
“Si es que hay voluntad política para que todo esto se realice de la manera más célere (...) estimamos que, si se hace eso de la manera más óptima posible, podríamos tener un resultado en tres meses”, declaró en Ideeleradio.
Asimismo, refirió que luego de los sufragios del 11 de abril se podría arribar a una “resolución definitiva” sobre el caso, la que podría imposibiltar al expresidente de asumir algún cargo en el aparato estatal.
