REDACCION LIMAY
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Lima, 01 de March de 2023
Actualizado el 01/03/2023 10:54:10 am
Este miércoles, el gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), anunció que brindarán la información solicitada por la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el accionar del Ejecutivo durante las protestas sociales en el país.
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"El Estado Peruano tiene hasta 60 días para absolver estas consultas, las mismas que serán respondidas en el plazo establecido", se lee en el comunicado.
Asimismo, el gobierno señaló que el pedido de la ONU "no prejuzga sobre la exactitud de los hechos detallados en la mencionada comunicación conjunta".
"Es importante precisar que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", mencionaron.
En esa línea, argumentaron que la comunicación conjunta de la ONU "se enmarca en el mandato" de los autores que suscriben el pedido y que "no son funcionarios de Naciones Unidas".
Además, precisaron que el gobierno -antes de ser notificado con el comunicado de la ONU- extendió una invitación a relatores de ejecuciones extrajudiciales y "al derecho a la reunión pacífica a visitarnos en los próximos meses".
Por otro lado, reiteraron que el gobierno brinda facilidades al desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público y lamentaron las pérdidas de vidas humanas durante las protestas ocurridas desde el mes de diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia.
¿Qué decía el pedido?
En una carta enviada al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquihuara, la entidad de Naciones Unidas solicitó hacer llegar la canciller, Ana Gervasi, el documento suscrito por siete relatores de este organismo, en el que solicitan al Gobierno peruano pronunciarse sobre las siguientes denuncias.
En el documento, alegan un uso excesivo de la fuerza que ha provocado “un elevado número de muertes ilícitas”, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes, detenciones supuestamente arbitrarias; así como un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los protestantes desde que iniciaron las marchas a nivel nacional.
Luego de expresar su preocupación por la situación del país en el marco de la crisis social y política, los relatores especiales de las Naciones Unidades señalaron que las alegaciones parecen “contravenir la norma mínima establecida por la ONU con respecto al uso de la fuerza por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley”.
“El uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, afirman.
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Por eso, subrayan que el Estado tiene la obligación de “llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales en la vigilancia de las protestas. “
