Juan Silva tiene información de funcionarios del MTC, pero no de Castillo

El prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, personaje clave en las investigaciones por presunta corrupción contra el mandatario Pedro Castillo, cuando eventualmente se entregue a las autoridades solo ofrecerá información sobre funcionarios de su sector y no respecto a su amigo, el jefe del Estado.

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El propio abogado de Juan Silva, Alfredo Yalán Ramírez, aclaró que su patrocinado no ha prometido a nadie información sobre presuntos actos ilícitos atribuidos a Pedro Castillo, porque niega tener conocimiento de este tipo de hechos.

“Hasta el momento, Juan Silva no me ha indicado si (cuenta con información) contra el presidente Pedro Castillo. Pero sí me aseguró que tiene pruebas contra varios funcionarios de su sector (el Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Tiene abundante medios de pruebas que entregará en su momento a la Fiscalía”, señaló Alfredo Yalán.

De acuerdo con la versión del defensor del extitular del MTC, este no se ha evadido y ratifica que está dispuesto a entregarse a las autoridades que lo buscan.

“No se ha fugado del país, está aquí, pero con una salud muy deteriorada por su situación legal, aunque dispuesto a colaborar con la justicia”, dijo Yalán.

El exministro Juan Silva ha solicitado a la Fiscalía de la Nación que, antes de entregarse, se practique un peritaje al proceso de licitación de la obra Puente Tarata III, para determinar si existieron o no irregularidades.

Pero si el resultado del peritaje determina que no existieron irregularidades en el proceso de licitación, sí se le imputaría responsabilidad de Silva, de acuerdo con su propio abogado Alfredo Yalán.

“Juan Silva ha solicitado un peritaje de toda la licitación, y si se demuestra que todo ha sido correcto, entonces podemos decir que el exministro habría cometido delito. ¿Cuál sería el delito? Corrupción agravada. Pero si se demuestra que la licitación ha sido un fraude, el ministro no habría cometido ningún delito. Así haya querido hacerlo, el delito era imposible”, arguyó Alfredo Yalán.

Sin embargo, el 12 de febrero de este año, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre una auditoría que había practicado al proceso de licitación de Puente Tarata III. La entidad reportó el hallazgo de responsabilidad penal de los miembros del comité de licitación, por haber manipulado el proceso de licitación para favorecer a las empresas que eran parte del consorcio Puente Tarata III.

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Un peritaje debería confirmar lo determinado por la auditoría de la Contraloría, que existió fraude en el proceso de licitación para beneficiar al consorcio Puente Tarata III, integrado por las empresas Tableros y Puentes (Tapusa), Termirex y H. B. Estructuras Metálicas.