Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 29 de September de 2022
Actualizado el 29/09/2022 09:13:48 am
Rafael López Aliaga, candidato a la alcandía de Lima con Renovación Popular, viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal, de acuerdo a un reportaje publicado en IDL-Reporteros.
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Fue la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supra provincial de delito de lavado de activos, quien en julio de este año formalizó una investigación preparatoria contra López Aliaga, así como a uno de sus socios y a tres de sus compañías offshore, a raíz de las revelaciones en el caso Panamá Papers.
Según IDL, estas nuevas indagaciones contra Rafael López Aliaga surgieron como parte de la investigación que inició Yovana Mori, fiscal del equipo especial Lavajato, la cual señala un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima que favoreció al ahora aspirante municipal con más de S/ 1 millón en contratos que hicieron dos de sus compañías durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Rafael López Aliaga fundó la compañía ACRES Sociedad Titulizadora S. A. el 15 de junio de 2011, meses después de iniciada la gestión de Susana Villarán, y tuvo como sus socios a ACRES Investments S. A. una compañía controlada por él mismo y su socio Javier Riofrio Orrego, señala el reportaje.
Más adelante, el líder de Renovación Popular tuvo como socios a Rui Barraco y al empresario chileno André Muñoz Ramírez, quien se hizo conocido en nuestro país por implementar el sistema de riesgos en el Banco Santander del Perú.
Posteriormente, el 19 de octubre de ese mismo año, López Aliaga fundó otra empresa llamada ACRES Finance S. A. con el apoyo de Andrés Muñoz, quien fue presidente del directorio de dicha compañía.
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Por otro lado, se supo que el 4 de octubre del 2012, la Caja Metropolitana de Lima suscribió, en forma directa y sin concurso, un contrato (en papel) con ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance S. A. para un proceso de estructuración, titulización y colocación de bonos titulizados de la cartera de crédito ‘Caja Gas’.
La tesis fiscal señala que la contratación de ambas empresas se hizo “sin que existiera una necesidad real” y “sin ningún informe técnico que respalde la propuesta de titulización, así como el monto de emisión de los bonos, ni el pazo de la operación”. “La Fiscalía determinó que el contrato fue elaborado por ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance S. A. y no por la Caja Metropolitana”, precisa el reportaje.
