Se han reportado más 3,600 casos de violación sexual en este 2022

Este martes, el ministro del Interior (Mininter), Dimitri Senmache Artola, afirmó mediante su cuenta de Twitter que una de las tareas primordiales al asumir el citado cargo es enfrentar el delito de violación sexual en el país. Asimismo, resaltó que desde inicios del 2022 hasta el último 20 de mayo se reportan más de 3,600 casos.

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“Una tarea primordial, enfrentar, de forma multisectorial, el delito de violación sexual. En lo que va del 2022 se han producido 1,322 violaciones sexuales a víctimas mayores de edad, y 2,307 a menores de edad. En total, van 3,629 casos al 20 de mayo del presente año”, escribió en la mencionada red social.

De otro lado, el titular del Ministerio del Interior  señaló que su compromiso es enfrentar, “de forma enérgica”, al crimen organizado, fortaleciendo a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) y a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) de la Policía Nacional del Perú.

CASTRACIÓN QUÍMICA

Como se recuerda, el pasado 20 de abril, el Consejo de Ministro aprobó el proyecto de ley que plantea la castración química para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tras el caso de la niña de tres 3 años que fue secuestrada y ultrajada por un sujeto en Chiclayo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero explicó que la medida no alcanza a las personas sentenciadas por los artículos N° 173 (Violación sexual de menor de edad) y N° 173-A debido a que ya contemplan la cadena perpetua.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó la propuesta del Gobierno de implementar la castración química. A través de un comunicado, la entidad indicó que la castración química “no es una medida eficiente”, ya que, según dijo, “no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales”.

En tanto, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú advirtió que la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres le costaría miles de dólares al Estado, sería solo temporal y no soluciona el problema de fondo.