Redacción Limay
LIMAY.PE
Lima, 17 de July de 2022
Actualizado el 17/07/2022 04:09:19 am
Luego de que la comisión de Fiscalización del Congreso apruebe el último 15 de julio, el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por presunto delito de organización criminal, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, lo que se viene para el jefe de Estado no se ve nada alentador.
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Y es que una de las recomendaciones que se lee en el documento elaborado por el grupo de trabajo, se formule que ahora el Congreso formule la acusación y que la subcomisión remita el documento para la denuncia correspondiente.
De esta manera, la Subcomisión de acusaciones constitucionales deberá comenzar una investigación sumaria para que esta pueda llegar a la Comisión Permanente y así lleguen a acusar al jefe de Estado ante el Pleno en la próxima legislatura.
Ante esta circunstancia, las consecuencias o sanciones que podría recaer contra el mandatario son la suspensión de seguir ejerciendo el cargo, la destitución o inhabilitarlo, según están establecidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución del Perú.
¿Cuáles son las otras recomendaciones?
El oficio de la comisión que lidera Ventura señala que también se envíe la información a la Fiscalía de la Nación con el objetivo de que inicie las investigaciones correspondientes contra el presidente Pedro Castillo, así como a las personas que resulten responsables de los presuntos delitos mencionados.
También recomendó a la Comisión Permanente que se formule una acusación constitucional contra el extitular de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia, así como al exministro Juan Carrasco Millones.
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¿Cuáles son las conclusiones?
Entre las principales conclusiones del caso Sarratea se menciona que el presidente Pedro Castillo tuvo reuniones extraoficiales con “exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública”.
