Pedro Castillo considera que ley de referéndum es antidemocrática e inconstitucional

El mandatario señaló que el Congreso, con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó por insistencia una ley que mutila el derecho al referéndum que reclama una Asamblea Constituyente.


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REDACCIÓN LIMAY

LIMAY.PE

Lima, 23 de enero de 2022

Actualizado el 23/01/2022 11:14:51 am

Este domingo, mediante su cuenta de Twitter, el presidente Pedro Castillo indicó que la ley que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso antes de someterse a un referéndum es antidemocrática e inconstitucional, por lo que el Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC). 

Pedro Castillo considera que ley de referéndum es antidemocrática e inconstitucional

El mandatario señaló que el Congreso, con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó por insistencia una ley que mutila el derecho al referéndum que reclama una Asamblea Constituyente.

"No permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos, menospreciando, condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso", expresó el jefe del Estado.

Según remarcó, el país necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el único poder a la ciudadanía.

"Este atentado contra la población que ha exigido por años el cambio de una Constitución concebida en la dictadura, olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad", enfatizó el mandatario. Subrayó, en ese sentido, que recae en los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Legislativo antes de someterse a un referéndum.

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Es así que, mediante, un comunicado, el Consejo de Ministros advirtió que la referida norma vulnera el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía, reconocido en el artículo 31 de la Constitución y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, consideró que vulnera principios constitucionales como el balance de poderes y la democracia.